Por Esperanza Echeverri López
Mujeres Confiar
En 2007, Jorge Bernal Medina, director de la Corporación Región de Medellín, un hombre que tuvo en el centro de sus obsesiones académicas y políticas la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, lideró un equipo de trabajo en el que participaron la Corporación Región, la Cooperativa Confiar y la Escuela Nacional Sindical, para proponerle al gobierno local una canasta básica de derechos para la superación de la pobreza en la población de 0-17 años. En 2011, se unieron también la Federación Antioqueña de ONG, la Corporación Cariño, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, y la Corporación Viva la Ciudadanía. Aquí presento un resumen de esa propuesta que hoy recupera vigencia, cuando desde diversas voces en el Congreso de la República y desde algunas organizaciones sociales se buscan salidas sostenibles a la crisis humanitaria y económica, producto de injusticias históricas acumuladas, no resueltas y dramáticamente desnudadas y exacerbadas por la pandemia del coronavirus.
La canasta básica de derechos buscaba romper la “transmisión” intergeneracional de la pobreza. Es decir, reconociendo la gran injusticia generada por las históricas desigualdades socioeconómicas no resueltas, y para que el hecho de nacer y crecer en una familia pobre en Medellín no representara para los niños y jóvenes de cero a 17 años y de los estratos 1 y 2, un cierre de oportunidades para el “buen vivir”. Esta se concretaría a través de políticas públicas, mediante la inclusión progresiva de esa población en un período de ocho años, garantizando cuatro derechos: seguridad alimentaria y nutricional, atención integral y digna en salud, una educación de calidad, y el derecho de niños y jóvenes a no padecer ninguna forma de explotación.
Ese conjunto de derechos implicaba, en primer lugar, un concepto de desarrollo basado en el bienestar humano, en la expansión de libertades, que según el premio nobel de economía Amartya Sen, elimina las fuentes de privación de las libertades humanas básicas, para que cada quien pudiese desarrollar el mejor proyecto de vida posible, dentro del contexto de cada sociedad, materializando “el buen vivir”. Así, el derecho a la alimentación representa estar libres de hambre, el derecho a la salud, estar libres de enfermedad, el de derecho a la educación, estar libres de ignorancia, y la eliminación del trabajo infantil y de otras formas de explotación, estar libres de dependencia económica. En segundo lugar, implicaba poner en el centro de la agenda de mediano plazo de los gobiernos locales, más allá del período de un alcalde, las políticas sociales, que son las que concretan el bienestar, por tanto, el crecimiento económico debería tener como objetivo el buen vivir y no la acumulación de la riqueza sin redistribución.
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